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Derechos humanos, política de Estado: alcances, límites y desafíos.

La constitución del ser misionero conlleva diversos matices y complejidades que se deben entender a partir de verlos como resultados de múltiples fenómenos que se confluyen, desde el proceso histórico mismo de conformación del estado provincial como y por ende de sus grupos sociales.

Nos referimos a procesos tales como la herencia recibida de las guerras y posguerra de la independencia, las disputas territoriales por las hoy conformadas naciones de Brasil y Paraguay, la consecuente inmigración de los periodos entre guerra y posterior de poblaciones de las más diversas en sus aspectos étnicos, sociales, geográficos, culturales y religiosos.

Ese conglomerado social devenido en un espacio territorial, en el que además no debemos olvidar conlleva a un casi 90% de frontera con los países de Brasil y Paraguay, complejiza aún más el entramado social emergente, haciendo de esta región una provincia de características únicas en relación al resto de los territorios nacionales.

Nuestra constitución como tal es entonces de carácter multicultural y pluriétnica, lo que nos exige como provincia pensar la política estatal entendiendo esta particular conformación social y cultural, en pos de generar propuestas y respuestas diversas, creativas, dinámicas e incluyentes, que garanticen el desarrollo pleno de cada grupo, comunidad, colectivo, sujeto y ciudadano/na que habita el suelo misionero.

Más aún, implica que debamos darnos la tarea desde los distintos poderes del Estado de buscar perspectivas comunes e integrales que nos permitan articular cada parte en un conjunto interinstitucional con capacidad resolutiva de cara al pueblo y sus demandas.

Sin lugar a duda la provincia de misiones es vanguardia a nivel nacional en materia de Derechos Humanos. Solo basta recordar que fue la primera provincia en elevar el rango de su Subsecretaría de Derechos Humanos a status ministerial, ratificando así la decisión irrestricta de que los derechos humanos son política de Estado.

Dicha decisión fue impulsada desde el movimiento Renovador de la Concordia Social con hondas raíces en el federalismo de Andrés Guacurarí Artigas y de su conductor Carlos Eduardo Rovira, a partir de visualizar las diversas expresiones del pueblo misionero que buscaba y necesitaba que se ponga en agenda dicha política de derechos humanos a modo de reparación histórica.

Reparación que fuera también el saldo de una deuda que existía tanto con el pueblo en su conjunto, como con los organismos de derechos humanos, permitiendo así generar e inaugurar una nueva etapa en la relación sociedad y Estado.

En este sentido los derechos humanos en el siglo XXI nos encuentra con el enorme desafío de pensar los derechos para y por los sujetos sociales de un nuevo tiempo, en donde los medios de comunicación ya no son solo formadores de ideas, sino que son constructores de realidades. Es en este marco que las tecnologías definen las nuevas formas de relaciones sociales, crean espacios, tiempos y realidades.

Por ello es clave la formación permanente, sobre todo de quienes ocupamos lugares de responsabilidad hacia otros, porque debemos estar a la altura de tales circunstancias políticas, sociales y culturales, manteniendo la memoria colectiva como vía pero dejando lugar al presente de nuevas experiencias históricas. Solo siendo capaces de conjugar una dinámica entre los viejos conceptos de ser ciudadano y las nuevas construcciones, podemos ser capaces de tener una sociedad-estado que albergue y contenga a los tan variados sujetos sociales.

Construimos una nueva mirada de los derechos humanos, y revisar los propios conceptos de democracia es responsabilidad de todos y todas, es decir, desde un estado que genere conciencia colectiva, amplíe y garantice cada derecho, y desde una sociedad de capaces, lo que no significa otra cosa que la construcción de ciudadanos activos, participativos y responsables de sus Derechos.

Porque construir una mejor democracia también implica que cada parte asuma la responsabilidad, por un lado de no ser meros sujetos sujetados, y por el otro de la garantía irrestricta de un estado que genera las condiciones para el ejercicio de esa ciudadanía plena.

En ese el camino a desandar colectivamente y en el que me siento comprometida y con responsabilidad.

 

María Graciela Leyes

Ministra de Derechos Humanos